La deforestación abierta y sin control en la Amazonia colombiana, las perspectivas de “progreso” anunciadas por el próximo gobierno brasilero para la región, y la tímida posición de políticas de Estado para la defensa de los derechos de la Amazonia, prende las alarmas frente al probable efecto dominó que se vislumbra a corto plazo, al otro lado Río Amazonas que marca la frontera.
11/8/2018
Por: Margarita Pacheco M.
Informa la Gran Alianza contra la Deforestación, que la palma de aceite, tan ilegal como la coca, está haciendo estragos en las selvas del Guaviare. Existen denuncias contra el gobernador pero sigue tan campante. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS, en alianza con Semana Sostenible y Bomba Estéreo y el apoyo de Noruega, alerta por redes sociales, en tiempo real, la dramático pérdida de biodiversidad y la pasividad del Estado ante estos delitos. Los delincuentes siguen sueltos, olímpicos, haciendo estragos a lado y lado de la frontera.
En la amazonia colombiana se vive una nueva colonización a la brava, que combinada con la anunciada en el Brasil, se convierte en catástrofe planetaria, pelando el bosque para meter vacas, palma de aceite, coca, oro, petróleo y minerales, entre otros. Hacendados protegidos por el manto de corrupción que invade la selva, también están exentos de impuestos y de IVA, y avanzan sin compasión, poniendo en alerta roja el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paris, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Convenio de Diversidad Biológica, y la misión del Tratado de Cooperación Amazónica.
Esta región estratégica para enfrentar la crisis climática del Antropoceno, exige de de cada país de la cuenca, acciones mejor armonizadas para optimizar los apoyos millonarios de la cooperación internacional que están en curso de ejecución en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vichada y poblados limítrofes en cuatro fronteras. Sin embargo, ojo con el efecto dominó de Brasil hacia Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, amenazados por posibles flujos migratorios ante la aterradora política de expansión agroindustrial en los departamentos amazónicos del Brasil.
Para evitar sorpresas y prevenir más desastres socio-ambientales, Colombia debería revisar su agenda internacional amazónica. El canal institucional que ya es cuarentón y tiene su Secretaria Permanente en Brasilia, es el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Es hora de ponerle pilas y exigirle mayor presencia frente a los problemas en curso y los que se avecinan. La misión del TCA en el papel es loable, pero debe ser evaluado en territorio bajo las condiciones políticas actuales, para una acción concertada entre los ocho países miembros: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia.
En la actual sede en Brasilia, el TCA parece estar lejos de moverse con libertad y enfoques diferentes al del país anfitrión. Desde su creación en 1973, ahora se enfrenta a la disyuntiva de cuál será la ruta de apoyo a la colonización agroindustrial de la selva, bajo el peligroso enfoque de “progreso”, con cientos de Pueblos Indígenas que no quieren vivir de regalías ni de migas envenenadas que va dejando la minería en la selva.
Qué posición tomarán los países que conforman el TCA ante la dinámica actual y la amenaza promovida por Brasil en la cuenca amazónica?
El presidente Bolsonaro cuestionó el Acuerdo de París alegando que ponía en peligro la soberanía nacional, desestimó el trabajo de organizaciones ambientales y afirmó que no habría “ni un milímetro más de tierras para los indígenas». ¿Será esa la ruta dominante en la agenda del TCA, o se irá en contravía con los principios de paz territorial y desarrollo rural sostenible que apoyan el Fondo Europeo para la Paz en asocio con autoridades locales, regionales y comunidades locales?
La Unión Europea, países miembros, Noruega y recientemente Hungría, aportan a Colombia más de 95 millones de euros (unos 250 mil millones de pesos). Este Fondo tiene entre sus objetivos apoyar el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y la reincorporación social y económica de excombatientes. El director de Corpoamazonia Alexander Mejía, coordinador de uno de los proyectos en el Putumayo, lamenta hoy que el bosque no haya hecho parte del Desarrollo Rural Integral del Acuerdo del Estado con las FARC.
Si mismo Estado apoyó la “colonización dirigida” dando alicientes para “tumbar monte y hacer mejoras”, hoy muchos de los hijos de colonos escapados de la violencia andina, se asocian para proteger bosques y hacer pedagogía con otros campesinos. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ha sido líder en convocar a muchos de ellos para la restauración de suelos y adelantar modelos agro-silvo-pastoriles para la sostenibilidad de la Amazonia. Esas buenas prácticas en curso deberían ser de gran utilidad para otros países del TCA, con procesos de deforestación similares al de la Amazonia en Colombia.
Si Brasil pone en marcha propuestas de campaña como reducir el tiempo para la concesión de licencias ambientales, (que Colombia llamó escandalosamente licencias exprés), acabar con las multas a grandes multinacionales que comprometen la salud y conservación de territorios ancestrales, y si se limitan las fronteras de expansión de Pueblos Indígenas y comunidades en aislamiento voluntario, es posible que se genere un nuevo flujo migratorio transfronterizo, provocando desplazamiento de poblaciones. La experiencia de acaparamiento de tierras de los Nukak Maku en el Guaviare, desplazando familias nómadas de su hábitat es una tragedia que no debe repetirse. Este es un riesgo alto para la región, como una mecha encendida que terminaría en polvorín en los pueblos de las fronteras de Colombia en la cuenca amazónica.
Es entonces el momento de debatir, en el marco del TCA, propuestas de política de cooperación transamazónica, no tanto en diálogo cerrado entre diplomáticos encorbatados sino abriendo el debate y asociando a líderes que viven en la región y conocen la complejidad de intereses que se mueven en la Amazonia. Urgen vientos de cambio en la gobernanza de la cuenca, renovando la misión y representatividad en las comisiones negociadoras en Brasilia. Se necesita un vuelco en la diplomacia amazónica.
Sería oportuno que Colombia se propusiera ser sede de un nuevo Secretariado Permanente de la OTCA y pedir la rotación de la sede a una ciudad amazónica de Colombia. Leticia, Florencia o Mocoa podrían ser sedes para abordar la nueva realidad. Sería un reto para negociadores de la Cancillería, conocedores de la problemática, para llevar esa propuesta al Consejo de Ministros de países amazónicos, antes de que sea tarde y las políticas neo-colonizadoras cojan vuelo y afecten a los demás territorios.
¿Qué líderes amazónicos participan en la Comisión Permanente de Colombia ante el TCA y cuál será la agenda, ante las perspectivas de “progreso” de la ultraderecha brasilera?
En plena discusión política de la Ley de Financiación, es oportuna la propuesta del Profesor Germán Poveda (1) de impulsar la penalización económica de la deforestación e imponer un impuesto a la ganadería extensiva y a los cultivos de palma de aceite y otros monocultivos extensivos que la propician. Poner impuestos permanentes a la quema de combustibles fósiles ya es una recomendación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Así, el IVA debería aplicarse también a la coca, la leche, carne y tierras notariadas en baldíos de la Nación.
Si se pudiera negociar un nuevo capítulo de vida del Tratado de Cooperación Amazónica, Colombia tendría la oportunidad de proponerse como sede para defender sus propios compromisos en las agendas internacionales. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y su sede principal en Leticia podrían aportar valiosos insumos para una estrategia de cooperación, más robusta.
En la Amazonia colombiana hay personal altamente calificado para asumir retos y apoyar la cooperación bilateral y la eventual nueva sede de la OTCA en Colombia. La joven Gobernadora del Putumayo Sorrel Arroca, el Alcalde de Orito, Manuel Eduardo Ociró Carabalí, hijo de la migración del Pacífico al Putumayo, mujeres indígenas líderes como Luz Marina Agreda Chindoy del Pueblo Camentsa, expresan con entusiasmo la defensa de la paz y el potencial que tienen los productos del bosque en los mercados nacionales e internacionales. Ellos y ellas, organizaciones de Autoridades Indígenas, científicos, conocimiento ancestral sobre la biodiversidad, fundaciones y ONGs establecidas en la Amazonia, deberían reclamar una mejor representación de sus intereses en la Comisión Nacional Permanente ante la OTCA y dar mayor visibilidad a conocimientos acumulados.
Las universidades con sedes en ciudades amazónicas, Corpoamazonia y el SINCHI, Fundación Tropenbos Colombia, Fundación Gaia, Puerto Rastrojo, Omacha, Natura, Akayu y otras tantas ONGs locales, nacionales e internacionales comprometidas, mantienen diálogos abiertos con una multiplicidad de actores sociales en poblados selváticos, en ríos y valles en la alta montaña andino-amazónica, en un todo conectado. Muchos de los proyectos de cooperación internacional y de ONGs están hoy dispersos en el vasto territorio, requieren mejorar la comunicación entre ellos, la comunicación e interlocución entre las comunidades y la institucionalidad. Este reto es parte de la agenda estratégica del desarrollo rural integral en la selva.
Urge el reconocimiento de una Amazonia con derechos, capacitar y educar con propuestas que permitan otros enfoques del desarrollo endógeno de la Amazonia y mitiguen impactos destructivos. La región Amazónica se encuentra intervenida por instituciones privadas y gubernamentales del ámbito regional nacional e internacional con diferentes programas, proyectos de cooperación, procesos organizativos, desplazamientos y actividades ilegales. El Estado podría tener mayor presencia para evitar atentados contra la integridad y conectividad del ecosistema, proteger la cosmovisión de sus pobladores ancestrales, su armonía física, espiritual y ambiental.
La gente reclama la necesidad de dar cumplimiento a las normas especiales como contar con el consentimiento libre, previo e informado, realizando el debido proceso de concertación y consulta involucrando a los diferentes pueblos indígenas, convocando a las autoridades tradicionales de las comunidades, cabildos y / u organizaciones indígenas, de manera que las acciones proyectadas contribuyan realmente al fortalecimiento político, social, económico, cultural de las etnias. Es un derecho inalienable.
En la región existe una diversidad de organizaciones con orientaciones interculturales, en ocasiones se agrupan y representan a comunidades indígenas ante las diversas instituciones públicas y privadas. Según el portal de Corpoamazonia, en Amazonas existen 14 organizaciones, en el Putumayo 16 y 4 en el Caquetá. Los pueblos indígenas del Sur de la Amazonía Colombiana se caracterizan por tener sus propios sistemas tradicionales de autoridad, enseñanza y aprendizaje, de salud – medicina tradicional, manejo ambiental, entre otros. Estas particularidades están reconocidas por las leyes colombianas y los acuerdos internacionales y están siendo respetadas y valoradas por los programas de cooperación que se ejecutan con recursos del Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión Europea en Colombia y países miembros.
Este fondo y la cooperación húngara dieron nacimiento esta semana a un nuevo proyecto de cooperación llamado “Implementación de alternativas sostenibles y Eco-amigables en Putumayo”. Este y otros proyectos en curso en diferentes municipios en la región apoyan el desarrollo social y económico entre comunidades locales, víctimas y excombatientes. En el Putumayo, los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Orito, San Miguel, Puerto Asís y Mocoa se verán beneficiados por estos proyectos, bajo la coordinación de Corpoamazonia.
Ojala el Tratado de Cooperación Amazónica, en una sede renovada fuera de Brasil, apoye la coherencia de acciones en curso entre países que comparten culturas, ríos y selvas con fronteras invisibles, ante el peligro de una situación política que puede tener rápido efecto dominó.
- El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) se creó el 3 de julio de 1978 con ocho países amazónicos, buscando promover la investigación científica y tecnológica y el intercambio de información; la utilización racional de los recursos naturales; la libertad de navegación de los ríos amazónicos; la protección de la navegación y del comercio; la preservación del patrimonio cultural; los cuidados de la salud; la creación y operación de centros de investigación; el establecimiento de una adecuada infraestructura de transportes y comunicaciones; el incremento del turismo y el comercio fronterizo.
- Poveda, Germán. Para cumplir con Acuerdo de Paris, Colombia debe penalizar la deforestación. UN Periódico digital. Universidad Nacional de Colombia. 7 nov de 2018