Entre tanto revuelo político, otros debates se dan entre cortinas. Si por Bogotá llueve el desconcierto y el rechazo por decisiones inconsultas, ejecutadas a espaldas de la ciudadanía, los cielos nacionales están cruzados por otras tormentas. Está sobre el tablero del ajedrez jurídico el tema de las consultas populares, que hoy están congeladas.
5/10/2018
Por: Margarita Pacheco M.
Reina un ambiente enrarecido antes de la primera vuelta. Mi voto de opinión para la primera vuelta vendrá del corazón. Por eso no votaré ni por Duque/Uribe ni por Vargas Lleras. Respeto y admiro a Humberto de la Calle pero hay que castigar al decadente Partido Liberal y sacar a su desprestigiado jefe. Así quedan dos opciones: Fajardo y Petro, para la primera vuelta. No queremos más expresidentes manejando al país entre bambalinas. Buen ejemplo da Obama, discreto en su función.
Entre tanto revuelo político, otros debates se dan entre cortinas. Si por Bogotá llueve el desconcierto y el rechazo por decisiones inconsultas, ejecutadas a espaldas de la ciudadanía, los cielos nacionales están cruzados por otras tormentas. Está sobre el tablero del ajedrez jurídico el tema de las consultas populares, que hoy están congeladas gracias a la negativa de financiación por parte del Ministerio de Hacienda, maniatando a la Registraduría General de la Nación y a los Municipios. Varios están en fila para llevar a cabo sus votaciones contra la minería y explotación de hidrocarburos, en defensa de sus territorios.
Hay fuerzas claras que quieren frenar el principio constitucional de la participación y la autonomía territorial. En varios centros urbanos de provincia, la ciudadanía, con o sin alcalde de turno, ha solicitado a la Registraduría Nacional, la realización de consultas populares. Pero en el río revuelto de las elecciones, se prepara en la Corte Constitucional la ponencia para prohibir la participación y defensa de los territorios. Es oportuno abrir los ojos para entender cómo funcionan los laberintos políticos del sistema jurídico nacional.
El abogado Rodrigo Negrete, quien fuere invitado a la última audiencia pública convocada por la corte, (aunque no lo volverán a invitar por decir varias verdades en público), nos explica: el debate político para votar sobre el futuro ambiental del municipio, está en manos de la ponente magistrada Cristina Pardo, en la Corte Constitucional. Esta capacidad de realizar consultas locales está en la Constitución del 91, en la Ley estatutaria 134 de 1994 que reglamenta mecanismos de participación ciudadana y en la Ley 1757 de 2015. Desde esa fecha, lo pueden a hacer los ciudadanos de forma independiente del alcalde de turno. Esto porque varios alcaldes han sido alineados y/o sobornados para estar del lado de políticos y empresas multinacionales con intereses en la región.
La Registraduria Nacional determina si las firmas de las organizaciones solicitantes de la consulta son válidas y la pregunta de la consulta se traslada al Concejo Municipal. Este da vía libre para que la pregunta pase al Tribunal Administrativo en cada departamento. Cuando el tribunal revisa la constitucionalidad de la pregunta, en diez días los actores interesados pueden bloquear la pregunta.
Si no hay intervenciones sale una sentencia expresando si la pregunta es constitucional o no. Si lo es, el alcalde acuerda con el registrador municipal y proceden a la votación municipal. Este fue el camino en Cajamarca/Piedras, Tolima y Tauramena, Arauca, en 2013. A partir del éxito de estas consultas, el Gobierno nacional y el lobby de las empresas comenzaron a bloquear las consultas de otros municipios. A estas alturas, ya sabemos qué candidatos presidenciales tienen intereses en bloquear estas consultas y cuáles le hacen fuerza a la corte y a su ponente.
Los argumentos jurídicos se manejan en los meandros de la corte a través de las fichas políticas que han puesto allí los partidos. La Jurídica de la Presidencia en el gobierno de Santos fue la abogada Cristina Pardo. Desde ese despacho, ella daba visto bueno para todo documento firmado por el presidente. Por coincidencia, en 2013 la Presidencia y el Ministerio de Minas y Energía expiden el Decreto 934 de 2013, que prohíbe a los municipios prohibir la minería. Esta prohibición contradice el elemento estructural de la autonomía territorial. La secretaria de Ambiente de Bogotá en 2014 demanda el Decreto 934 al tiempo que la Contraloría General de la República. Se pide la suspensión temporal del decreto. El decreto “Navideño” 2691 de 2014, que obligaba a los municipios a hacer estudios para proponer los sitios y reformas del POT para enviar al Ministerio de Minas, está suspendido. Hoy no hay norma vigente que prohíba a los municipios prohibir la minería pero según Min Hacienda no hay recursos para hacer las consultas. Se trata de poner talanqueras a los municipios para que estas no se realicen.
En 2014, la Jurídica de la Presidencia ya estaba violando el principio de la autonomía territorial. Ahora la misma exfuncionaria de Presidencia es la magistrada ponente de las consultas populares en la corte. ¿Puerta giratoria? Todo esto ha generado un tire y afloje entre la Nación y los Municipios. Según la Constitución, en una República Unitaria (capítulo 1), por la autonomía territorial se tienen que acordar competencias y concurrencias para decidir la conveniencia de actividades que se imponen, tales como proyectos y títulos mineros, no contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial POT.
Por esas tensiones entre la Nación y los municipios se revelaron Puerto López y Puerto Gaitán, Meta, y resultó la salida del país de la compañía Pacific Rubiales. El tan mentado eslogan de “minería bien hecha” sigue en tela de juicio. El caso de Cerro Matoso, el de Cerrejón, son la muestra de efectos ambientales de esa minería “bien hecha” sobre la salud de los habitantes y el deterioro evidente de ecosistemas locales. Por estos impactos ambientales, quien quiere que sucedan en sus territorios ancestrales? Además se busca que sea legalmente inconsulta. Quienes están detrás de este proceder tan poco democrático?
Un ejemplo que vale recordar para evitar en Colombia es la peor catástrofe ambiental de Brasil, en el pueblo de Mariana. Justamente por la ruptura de los “diques de cola” donde quedan los lodos con cianuro, como lo propone Anglo Gold Ashanti en Piedras, los diques se reventaron, matando decenas de personas. Las montañas de residuos rocosos del Cerrejón, donde no crecerá ni un trupillo, generan hoy más contaminación que un botadero a cielo abierto, y ahí se quedarán cientos de años para el goce perverso de la comunidad wayúu. La minería bien hecha no está inventada todavía.
En el plan del Gobierno nacional de frenar las consultas, al municipio de Pijao, Quindío, le negaron la consulta en 2016. Las comunidades y De Justicia piden revisar la tutela de Pijao y hacer el análisis e impactos de la minería y de autonomía territorial. La corte con la Sentencia T- 445 del 2016 consideró que la minera puede ser objeto de consulta popular y abrió la puerta nuevamente. En el caso de Cajamarca, a pesar de tener un alcalde pro- minero, varios colectivos promueven la consulta popular que se realiza el 26 marzo del 2017 y la población vota con más del 97 por ciento de votos, superando ampliamente el umbral exigido. La empresa insiste en la pérdida de empleos. El modelo de “minería bien hecha” insiste en la extracción de oro, a pesar de los altos riesgos para las comunidades.
Hoy están bloqueadas las consultas en La Macarena y Granada, Meta, San Lorenzo, Nariño, Oporapa en Huila, Carmen y San Vicente de Chucurí , Gachancipá en Cundinamarca, Córdoba y Pijao, Quindío, Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca, Cumaral, Meta, y Jesús María en Sucre.
La Agencia Nacional de Minería ANM y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado están abiertamente en contra de las consultas populares. Solicitaron revisión a la Corte constitucional de la tutela que interpuso la empresa China, Mansarovar Energy, en contra de la consulta popular de Cumaral. Asi las cosas, las tensiones están vivas por cuenta del derecho constitucional a la participación ciudadana y la autonomía territorial.
En la Corte constitucional (sala de selección número 8), las magistradas Cristina Pardo (ex jurídica de la Presidencia) y Diana Fajardo Rivera (ex Defensa Jurídica del Estado), por ética, deberían declarase impedidas por haberse manifestado previamente, en otras instancias del Gobierno central, en contra de las consultas. En sala ya escogieron la tutela de Mansarovar Energy y designan a Cristina Pardo como magistrada ponente para el caso. Para los néofitos en la jerga jurídica, ¿cómo se entiende que sea esta magistrada la que lleve el caso? A la fecha no hay reacción a tales impedimentos.
Es claro que se está abonando terreno para la próxima política minero-energética de los candidatos promineros, a espaldas de la ciudadanía. Es evidente que hay varios magistrados que deberían declararse impedidos por haberle dado visto bueno a los decretos anteriormente mencionados, desde otras instancias del Gobierno. Alejandro Linares Cantillo, presidente de la Corte Constitucional, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol, por lo tanto también está impedido. No deja de sorprender que este magistrado, en mayo de 2017, invitado al Congreso de la Gran Minería en Cartagena, públicamente expresara su opinión en contra de las consultas populares. Está claro de qué lado están estos magistrados de la corte.
La corte debería designar tres jueces que reemplacen a los impedidos y separar de la revisión a los tres cuya posición es bien conocida. Para que esto suceda, es urgente que la información se conozca y se ejerza presión mediática, antes de que sea tarde. Vale aclarar que ninguna de las consultas populares ha frenado proyectos, todos están en fase de exploración, luego no hay regalías que el país pueda lamentar no haber recibido. Más bien, las consultas se podrían financiar con las regalías, antes de que tomen caminos oscuros y se diluyan en corrupción. Candidatos en la primera vuelta, tomen partido sobre este tema.
El tema de los impedidos está latente en otras esferas. En la Junta Directiva de la CAR Cundinamarca, la discusión sobre la urbanización de la Reserva Thomas Van der Hammen está en curso. El representante vitalicio de la ONG, Luis Alejandro Motta, al declararse impedido en este tema, no mueve un dedo para que tenga un reemplazo ad-hoc que representen los intereses ciudadanos. El presidente también está retrasado en nombrar a su representante ad-hoc pues Julio César Turbay es tío del secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, interesada en urbanizar la reserva.
¿Será la Comisión de Acusaciones de la Cámara la indicada para pronunciarse sobre tantos impedimentos, tan útiles a los propósitos políticos de ciertos candidatos? Su mudez, como lo ha estado en otros casos, no sorprende. Los más de 300 procesos en curso que tiene un afamado senador-presidente, el intocable, están quietos. Esto muestra cómo se maneja la política en la justicia, asegurando representantes de partidos políticos en las cortes y otras instancias que deciden sobre la autonomía territorial y la participación de la ciudadanía. Así se aseguran silencios e interpretaciones jurídicas, que abonan terreno para imponer futuras políticas de Estado.
P.D. 1. Condolencias a @MovimientoRiosVivos por el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez, uno de los principales opositores de #Hidroituango en el Bajo Cauca antioqueño. Lo mataron por defender su territorio. Candidatos, que esto no quede en la impunidad. En el sector energético están matando líderes por defender sus territorios. Ya son dos asesinatos en contra de la represa de Hidroituango. Barequeros y pescadores están pagando con su muerte. ¿Qué dice EPM ante estos crímenes? ¿Quién los está matando? ¿A qué candidato le conviene? Que no quede en la impunidad.
P.D. 2 Ciudadanía independiente, sin políticos a bordo, en el Global Big Day. Tomó impulso el avistamiento de aves en distintas regiones del país. Colombia está en primera línea a nivel mundial. La ONG World Conservation Society WCS aportó la espléndida guía bilingüe de Avifauna Colombiana, dibujada y escrita por Fernando Ayerbe. Con esta guía, jóvenes campesinos y excombatientes, podrían ser guías profesionales para acompañar el próximo #Global Big Day 2019. Los avistadores de aves suman a los votos de opinión.
Sigue el Festival Colombiodiversidad.com, con el apoyo de la ONG francesa Envol Vert, con socios nacionales e internacionales.