“El Ambiente en la discusión de la Paz” constituye una década de reflexiones y propuestas de Julio Carrizosa Umaña, mi director en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional en la década de los 90.
9/27/2018
Por: Margarita Pacheco M.
Sus reflexiones sobre la complejidad territorial, documentadas con cartografía, nos llegan a través de su publicación más reciente. La versión digital, bajo la iniciativa baja en carbono que debe caracterizar toda publicación y eventos ambienta y social, se puede encontrar, gracias al apoyo técnico de ESRI Colombia, en el QR.
La geografía como ciencia integradora que nos relaciona con el entorno, apoyo la organización temática de sus escritos publicados en el Espectador durante la última década. Como comenta Helena Gutiérrez, Presidenta de ESRI, Julio “insiste, con su pensamiento siempre crítico y optimista, en la necesidad de encontrar no solo soluciones propias a nuestros conflictos, sino nuevas formas de convivir.” El Prólogo de su amiga de tantos años, Alegría Fonseca, directora de la Fundacion Alma y miembro de La Paz Querida, recuerda como sus reflexiones constituyen una postura, que desde el pensamiento complejo vienen desarrollando los ambientalistas latinoamericanos desde hace más de dos décadas, incluido el mismo Julio Carrizosa. Para las nuevas generaciones de estudiosos es un libro de base, que da buena cuenta de la historia ambiental del país en el siglo XX y el momento donde aumentan conflictos socio ambientales entre la guerra y la paz.
Llegan noticias desde la Macarena, el Dovio, Valle del Cauca, Valdivia e Ituango en el Bajo Cauca antioqueño, Tierra Alta, Cordoba y desde muchas otras zonas rurales sin presencia del Estado, anunciando más conflictos socioambientales. Lo peor, asesinatos selectivos en regiones infestadas de agresores armados y en otras zonas, graves lesiones a la salud publica con impactos letales ya probados, por formas de explotación del niquel, carbón, oro y pétroleo, entre otros minerales extraídos de las entrañas de la tierra.
En estos escenarios donde las poblaciones indígenas y afros son las más desprotegidas del país, reina la incertidumbre de qué pasará con sus tierras ancestrales, sus derechos a un ambiente sano y a ser consultadas. Su destino está en manos de unos magistrados que deliberan comodamente en Bogotá, presionados por intereses políticos y fuerzas del mercado internacional. Vaya responsabilidad para los tocados impolutos que interpetan la Constitucion y la Ley.
Las decisiones de los magistrados coinciden con una circunstancias que pueden ayudar a hacer realidad el sueño de un ambiente de paz ante las Naciones Unidas: la firma del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia, lo cual implica que el pais tendría una oportunidad histórica: unirse al acuerdo más importante de los últimos 20 años sobre derechos humanos y proteccion ambiental en America Latina y el Caribe, promovido por la CEPAL en Chile. Es el primer tratado en el mundo que brinda proteccion obligatioria a las y los defensores ambientales.
Ya en marzo de 2018, 24 de los 33 paises de la region adoptaron el acuerdo de Escazú. Ahora es necesaario que todos los países firmen y ratifiquen el Acuerdo, para que se haga realidad. A partir del 27 de septiembrede 2018, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los gobiernos de la region podrán demostrar su compromiso firmando y ratificando el acuerdo con la dismunición y prevención de los conflictos socioambientales, y beneficiar a más de 500 millones de personas.
El Acuerdo de Escazú contiene 25 artículos que buscan garantizar a la ciudadanía el acceso a la informacion, participacion ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. Justo lo que más necesitamos en Colombia: aterrizar soluciones integrales de Estado para frenar en seco la matanza de tantos liderers por temidos y soterrados maleantes, defendiendo el mercado de drogas de uso ilícito y la codicia que genera el poder de las armas.
Según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, para apoyar esta senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y el Caribe cuenta hoy con un instrumento multilateral sin precedentes: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, el ‘Acuerdo de Escazú’, adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Este ofrece a los 33 países monitorear el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente sano y el desarrollo sostenible.
Varias organizaciones como la Asociación Ambiente y Sociedad, instan al gobierno colombiano a firmar y ratificar el acuerdo. A nivel regional, 200 ONGs, en una carta conjunta, han hecho un llamado a los gobiernos para que firmen y a continuación adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en los respectivos países. Esta es una oportunidad para el gobierno nacional construya alianzas y aborde opciones de resolución de tantos conflictos socio-ambientales, hoy en pleno clamor.
Esta iniciativa coincide con la propuesta de los Centros de Prevención y Conciliación de conflictos socio-ambientales y de Participación, propuestos por el Presidente Duque. Los principales conflictos se han generado por usos del agua, por la minería, la tierra, los megaproyectos de infraestructura y energía, que siguen en aumento, como una bomba de tiempo. Firmar el Acuerdo de Escazú en Nueva York es un reconocimiento para la implementación de la agenda 2030 y sus 17 ODS, así como el cumplimiento de otros acuerdos como el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, ya ratificado por el Congreso, y de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OECD. Ya Colombia dio su palabra.
Además, al apuntar hacia el fortalecimiento de capacidades y refuerzo de la cooperación entre los países de la región, se presenta la oportunidad para que Colombia se pueda convertir en líder regional en protección ambiental, uniéndose al resto de países que ya han manifestado el compromiso con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Esto es de especial relevancia en una de las regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra. El Acuerdo pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos a través de medidas afirmativas, además de aspirar a remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos. Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el sueño de una sociedad más equitativa, en armonía con la naturaleza, con el desarrollo económico productivo y en paz.
En ese sentido, recordemos que fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se fraguaron los tres principales tratados ambientales multilaterales de las Naciones Unidas (cambio climático, biodiversidad y desertificación). Veintiséis años después, nuestra región vuelve a ser protagonista de la historia. Si se firma y ratifica el Acuerdo de Escazú en Colombia, el país tendrá que garantizar que se escuchen voces silenciadas, evitando que se liquiden los medios constitucionales para hacerse escuchar.
Ante esta oportunidad histórica, ¿existe la voluntad política para que el Presidente de Colombia firme el Acuerdo de Escazú en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York?
Coincide esta pregunta con la apertura del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyado por universidades de Brasil, Chile, Mexico, Peru y Colombia. La meta es impulsar en esta region del mundo, las propuestas de los ODS, a partir de la investigacion y la gestión, educar nuevos líderes, recomendar politicas a partir del reconocimiento de la vision holística del desarrollo sostenible. El Presidente Duque anunció en la apertura del Centro en la Universidad de los Andes que el Plan Nacional de Desarrollo incluirá los 17 ODS con sus 169 metas, como politica de Estado, con una vision de largo plazo. Si esto es así, la firma de Colombia al Acuerdo de Escazú debería fluir sin obstaculos, dada la coherencia entre las metas de los ODS y los própositos del Acuerdo.
Es en este contexto que las candidaturas a estamentos públicos para elección popular del 2019 deberán ser protegidas por el Estado. Es un momento hisrótico donde se pondrán a prueba las capacidades institucionales para la implementacion de los ODS en territorios vulnerables del post-Acuerdo y de reclamos por conflictos socio-ambientales.
Acciones presentadas en la serie documental ‘Ambiente de Paz’ ilustran buenas prácticas que ayudan a resolver conflictos y tensiones sociales sobre usos del suelo, aguas y ecosistemas de alta biodiversidad. Las experiencias de las comunidades locales en escenarios fluviales, agrícolas y ganaderos de la Amazonía, la pesca artesanal en el Océano Pacífico, en el Chocó y en Río Putumayo, la riqueza del arte rupestre de la Serranía de La Lindosa en el Guaviare y los diálogos con campesinos en el páramo de Sumapaz, demuestran que con conocimiento científico si es posible avanzar en la sostenibilidad ambiental.
P.D. Para la implementación de los ODS, voces de pescadores y campesinos piden ser escuchadas. A partir de 3 documentales sobre Pesca Artesanal, Usos Sostenibles del Bosque y Delimitación del Páramo de Sumapaz, se muestran acciones de los actores sociales con el apoyo de los Institutos de investigación SINCHI, Pacífico e ICAHN, y su compromiso en afianzar la paz con la naturaleza. El Ministerio de Ambiente celebra este tipo de proyectos que permiten generar oportunidades de desarrollo sostenible en los territorios, empoderando a las comunidades.
La serie documental “Ambiente de Paz” recoge algunas voces:
Con las consignas “Transición energética ya, “energía para quién, para qué y a qué costo” se reúnen del 8-12 Octubre en Barrancabermeja, organizaciones agrupadas en el Movimiento Nacional Ríos Vivos. En el 2do encuentro nacional se reúnen más de 400 líderes sociales y ambientales, campesinos afectados por proyectos extractivos y por las represas del Quimbo e Hidrosogamoso. Es una oportunidad para que el Estado brinde protección a la participación pacífica de la ciudadanía.